La investigación y el desarrollo de la biotecnología en
Venezuela han venido emergiendo en los últimos años en forma dispersa, a partir
de iniciativas gubernamentales y no gubernamentales. Sin embargo, esta
actividad no ha tenido la relevancia e impacto deseables, en consecuencia, se
plantea la imperiosa necesidad de interconectar y vincular a todos los actores
del proceso biotecnológico y así potenciar su efecto en solucionar problemas
específicos y mejorar la calidad de vida de los venezolanos.
En Venezuela la Seguridad Alimentaria es una prioridad de
Estado y tiene rango constitucional ya que el Artículo 305 plantea: “El Estado
promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural
integral a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población;
entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito
nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público
consumidor. La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y privilegiando
la producción agropecuaria interna, entendiéndose tal la proveniente de las
actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. La producción de alimentos
es de interés nacional y fundamental para el desarrollo económico y social de
la Nación. A tales fines, el Estado dictará las medidas de orden financiero,
comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura,
capacitación de mano de otra y otras que fueran necesarias para alcanzar
niveles estratégicos de autoabastecimiento.
Bases Legales de la
Biotecnología en Venezuela
La implementación efectiva de un Sistema Nacional de
Biotecnología y Bioseguridad es un proceso complejo que requiere de esfuerzos
intensivos y gran cantidad de recursos. Conlleva una amplia gama de retos
(científicos, políticos, legislativos, administrativos) que el país debe
asumir.
Venezuela cuenta con una amplia estructura institucional
para lograr el desarrollo de un Sistema Nacional de Biotecnología y
Bioseguridad organizado y productivo que contribuya a la seguridad alimentaria
y al mejoramiento de la calidad de vida.
La Constitución actual (1999) es orientadora para el diseño
de la política nacional sobre biotecnología y bioseguridad y para el desarrollo
de la normativa jurídicotécnica sobre la materia.
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